La
pregunta la desarrollaré vinculándola con dos ejes principales. El
primero estará centrado en la Historia Política, Institucional,
Constitucional y del Derecho de Chile de la época en que nos
acotamos (los primeros 25 años del siglo XX), haciendo perspectiva
histórica de la caída y relacionándola con el nacimiento del
Estado Portaliano (algo esencial para comprender las causas de su
caída), tomando las ideas la historiografía liberal y conservadora
como análisis crítico en contraposición a la visión negativa que
se tiene de la obra de Portales. El segundo eje estará centrado en
la Historia social y económica del país, tomando las líneas del
relato campo-ciudad, la transformación de la ciudad, los rancheríos,
conventillos y la visión obrera de los sucesos, con Luis Emilio
Recabarren como personaje relevante, pasando por las protestas y
huelgas, las organizaciones sociales que se formaron (FECH, POS,
AOAN, FOCH), terminando con el Congreso Constituyente de Asalariados
e Intelectuales del Teatro Municipal.
***
La
Historia de Chile muestra que cuando los movimientos ciudadanos han
procurado ejercer la soberanía y el poder constituyente (algo que
con ojos contemporáneos podríamos considerar como el derecho más
básico y elemental de la humanidad),
han sido reprimidos por la clase militar y civil (reaccionaria), bajo
la burda acusación de “anarquismo” o “rompimiento del orden
público”. La evidencia histórica es clara: ocurrió así con el
movimiento ciudadano que derribó la dictadura de O’Higgins, que
después redactó la Constitución Liberal de 1828 y que fue
aplastado por el golpe de Estado de Diego Portales y el Gral. Prieto,
limpiando el espacio para poder reformar la Carta Magna, dándole un
enfoque conservador y autoritario. Sucedió lo mismo con el
movimiento encabezado por los trabajadores agrupados en la FOCH, los
estudiantes unidos en la FECH y los profesores (en realidad,
profesoras) juntos en la AGPCH, que en 1925 convocó a Asamblea
Constituyente para terminar con el agónico Estado Portaliano, siendo
traicionados por los caudillos Alessandri Palma e Ibáñez del Campo,
quienes terminaron imponiendo una Constitución que fue todo lo
contrario de lo que proponían estas organizaciones (tanto en el
fondo como en la forma).
Esto
nos muestra que constantemente la clase hegemónica en Chile no está
abierta para realizar los cambios socio-económicos que piden las
organizaciones ciudadanas que durante siglos se han manifestado en
huelgas, paros, marchas, tomas, etc.; organizaciones que despliegan
manifiestos, petitorios, demandas al Poder Ejecutivo pero que
generalmente recibe un “No” como respuesta o al poder militar
como reacción. El capitalismo y el sistema político que rige en
Chile no se modifican con la flexibilidad que se requiere para
acallar las fuerzas que exigen cambios. El garrote se siente con
facilidad, contrastando con Europa, donde las elites
si se han abierto a los cambios necesarios para tener un mínimo
común de bienestar para la clase trabajadora y apagar, en parte, los
ánimos revolucionarios (al menos así era antes de la crisis
subprime
y los recortes presupuestarios de los Estados).
La
etapa de la Historia de Chile que se nos pide revisar es una de
aquellas donde hubo un proceso de formación cultural de clases
subalternas de la sociedad chilena, donde la “subjetividad
histórica de un grupo social”
generó las condiciones de posibilidad para que la praxis
de
los trabajadores avanzaren hacia la ruptura de esa misma
subalternidad para la conquista de la autonomía integral que
significa su liberación. Como sabemos, ese proceso fue truncado por
la clase hegemónica chilena, que a través de Alessandri traicionó
a las organizaciones sociales y ciudadanas que pedían cambios de
forma y fondo para el país. Pero para comprender las características
del proceso de crisis del Estado Portaliano es esencial conocer, al
menos sucintamente, como nació la Constitución de 1833, porque ahí
está su crimen original, su falta de legitimidad. Para ello hay que
tratar de entender cómo se construye y cuál es el rol de la elite
(en sus diferentes variantes semánticas, de las cuales elegiré la
de clase hegemónica) en ese Estado, en la Constitución y en las
primeras leyes del país.
Remontemos
varios años. Luego de obtener la independencia de la Corona
española, el objetivo era claro en Chile: crear y construir un
Estado nacional no descendiente del poder monárquico. La forma para
llegar a eso es en lo que discrepan los grupos de la época: si
imponiendo la fuerza desde un poder central, que ordene al país; o
un Estado que se realizará desde abajo hacia arriba, por sus
pueblos, descentralizadamente.
Es
de ahí donde surgen 2 alternativas de construcción de Estado, donde
los pueblos libres pedían un Estado social-productivo, donde
imperara la costumbre y la horizontalidad; y la oposición de los
mercaderes, la elite,
pedían organizar un Estado estilo español, con un Derecho escrito
abstracto, universalista. Hay 2 fuentes de soberanía: Alta (triada
Iglesia-Mercaderes-Imperio) y Baja (supervivencia de los pueblos por
la autarquía). La construcción del Estado chileno fue un conflicto
entre estas 2 alternativas: la centralista-mercantil; y la
democrática-popular.
La
elite
de Santiago concibió que el espacio del Estado debiera estar
protegido, por un concepto tal de poder que tenía que manifestarse
policialmente, para que no hubiera robos y asaltos, para que se
cumplieran los contratos, para que se pagaran los impuestos, para
mantener el orden interior y la paz exterior. Tiene mucho parecido
con las ideas de Adam Smith, donde tenía que darse una movilidad de
bienes, con un Estado que no molestara en ese movimiento, que se
preocupara del orden interno y la seguridad externa. El patriciado
mercantil, sin leer a Smith, llega a ideas muy similares. La
propuesta es la relación bilateral entre sujetos pero donde uno se
impone por sobre el otro, ejerciendo el poder una persona A sobre
otra persona B, en base a la fuerza, interacción vertical.
Los
pueblos libres, en cambio, tienen una forma de entender el poder a
través del autogobierno, del cabildo, con una concepción del poder
abstracto, que se usa interaccionalmente entre los sujetos que están
en ese espacio. Por lo tanto, más importante que el espacio donde se
mueven los bienes, es más importante el espacio donde los ciudadanos
se pueden encontrar. Así entienden el poder como la conversación,
como función interna de la asociabilidad (concepto de Hannah Arendt
que explica en “La Condición Humana”),
donde el poder surge cuando los hombres se agrupan y se extingue
cuando se separan, por tanto, es una función de la asociabilidad, en
cuanto el grupo está abierto a si mismo (para la deliberación y la
conversación), y a la vez unido para actuar.
Esa
era el choque de visiones entre, lo que podemos denominar
vulgarmente, mercaderes y pueblos libres. Una mirada vertical contra
otra horizontal, una mirada centralizadora autoritaria contra otra
democrática popular.
Tomando
el relato histórico, O’Higgins
se va en 1823 al Perú. De acuerdo al Prof. Salazar, éste renuncia a
su cargo, por la presión ciudadana contra la dictadura militar. Esta
visión choca con la de Barros Arana, que magnifica al Director
Supremo interpretando que él renunció en un gesto de
desprendimiento abyecto (“la abdicación del prócer”),
devolviendo el poder al pueblo por decisión propia. Ciertamente, lo
que nos dice la Historia Social es que los pueblos del sur (Asamblea
de pueblos libres de Concepción) y los pueblos del norte (Asamblea
de pueblos libres de Coquimbo), hartos con el despotismo y abuso de
O’Higgins, simplemente desconocieron su cargo, ejercieron la
desobediencia civil y llevaron sus ejércitos ciudadanos a las
puertas de Santiago, con el Gral. Freire a la cabeza. Ahí el
patriciado de la capital, que nunca le gustó que mandara alguien que
no era de su elite,
se reunió y le pidió la dimisión a O’Higgins.
|
General Freire |
Ahora,
ese espíritu democrático-liberal y socio-productivista que
permaneció a través de los años fue el fermento del proceso
constituyente de los años 20'. Este fue un movimiento ciudadano, a
partir de los pueblos libres de provincia, en contrapunto y en
conflicto con el pueblo de Santiago.
Por
eso se convocaron a 4 Asambleas Constituyentes (ya habían sido
convocadas en 23', 24' y 26', todas rotas por la fronda aristocrática
desestabilizadora), con la tutela del Gral. Freire. Se acordó un
texto constitucional, la Constitución de 1828; siendo esta la única
Constitución redactada por constituyentes elegidos libremente, por
los ciudadanos, única que no fue centralista, única que fue
aprobada por el pueblo, que trató de nivelar la soberanía alta y
baja, la Nación y los pueblos libres.
Para
construir el Estado era necesario nivelar la soberanía de la Nación,
y la soberanía particular de los pueblos. La Constitución del 28'
fue la única que trató de respetar esas soberanías. En un sentido
concreto, la soberanía nacional estaba sobre las instituciones del
Presidente y el Congreso (diputados), elegidos por votación popular.
La soberanía particular se proyectaba en las elecciones por comuna,
libres, en los municipios (recogiendo la vieja tradición del
cabildo), como auto-gobierno local. En seguida, las comunas reunidas
por provincias, elegían una Asamblea Provincial, por votación
interna. Luego ellas elegían un Senado, que formaba parte de lo
particular y no de lo general. Así lo particular llegaba a lo
nacional a través del Senado.
Los
diputados llamaron a este Estado “Democrático Popular”, o
“representativo-popular” La idea de fondo es que al preservar la
estructura asambleísta o localista de los pueblos, se mantenía lo
“popular”, asimilándola a la idea de pueblo; y era “democrática”
en tanto las autoridades eran elegidas por voto popular. Esto
combatía el centralismo, según los diputados, ya que ella
significaba el término de Santiago como centro de poder. Esta es la
única Constitución legítima que se ha realizado en Chile, hecha a
través de un proceso democrático que lo legitimó.
El
hecho que se dictara esa Constitución con esa lógica interna, que
paralizaba o neutralizaba el expansionismo de Santiago, significaba
la derrota política del patriciado. No bien hecha promulgar la
Constitución, y elegido Francisco Antonio Prieto, se inicia la
maquinación política y conspirativa para realizar un Golpe de
Estado, todo orquestado por Diego Portales.
La
forma de asestar el “garrotazo” contra el nuevo Estado era
organizando un ejército mercenario de forma paralela, arriesgando
una guerra civil incluso. Marcharon todos a Santiago, acampando en
Ochagavia. Con una felonía hizo caer al Ejército constitucionalista
y al Estado construido. Así culminó la estrategia del patriciado,
logrando construir el Estado centralista y autoritario, mercader y
librecambista que tanto ambicionaban.
Luego
de la batalla de Lircay, el “garrote” de Portales entró en
acción: desterró y fusiló a próceres de la Independencia, excluyó
a los liberales, abolió los cabildos, impuso un férreo control del
Gobierno central sobre las municipalidades, desde el Ejecutivo se
adulteraron las elecciones. Así se impuso “un gobierno obedecido,
fuerte, centralizador, respetado y respetable, impersonal, superior a
los partidos y a los prestigios personales”:
el Estado Portaliano, que vivió cerca de 100 años en Chile.
A
esta farsa y violación de la soberanía popular se le enfrentó
durante el siglo XIX los ciudadanos vencidos militarmente en Lircay,
artesanos y milicianos. Ellos no estaban derrotados en cuanto a sus
ideas, en cuanto a ciudadanos, y por ello protagonizaron 7 motines y
alzamientos entre 1830 y 1837. Fue en este último año cuando se
fusiló a Portales en el cerro Barón, en un enfrentamiento entre un
grupo alzado del Ejército y los oficialistas. Luego de eso, los
motines y alzamientos siguieron a lo largo del siglo, apagándose
solo luego de la guerra civil de 1857.
Mi
explicación al fin de los alzamientos en contra de la Constitución
de Portales se basa en lo que dicen los Prof.
Jocelyn Holt y Pablo Ruiz-Tagle,
siguiendo la línea liberal. Luego de Montt (1851-1861), en el
periodo conocido tradicionalmente como República Liberal o III
República (en la versión afrancesada del Prof. Ruiz-Tagle), se
comienza con el proceso de reforma progresiva de la Constitución,
donde lentamente se empieza a morigerar el autoritarismo, el
centralismo, el presidencialismo excesivo; gracias a la apertura del
sistema político a los grupos opositores a la propuesta de Portales.
Esos cambios vienen desde el Congreso con la entrada de los
liberales, primero, radicales, después, al sistema político. Son
ellos quienes toman conciencia de los poderes que le da la
Constitución a los congresistas para poder frenar y presionar al
Presidente, ocupando las pocas herramientas para ir modificando el
autoritarismo conservador que permanecía (principalmente con la
aprobación de la Ley de Presupuesto).
Una
precaución: que se fuera limitando al Presidente, en cuanto
institución, en cuanto poder del Estado, en sus facultades no se
relaciona con que quienes subieran al puesto no fueran déspotas.
Domingo Santa María o Balmaceda no son menos autoritarios que el
Gral. Prieto, solo que tienen menos peso institucional por el alza
del Congreso. Es por esto mismo que se explica la guerra civil contra
Balmaceda, quien en su afán de recuperar el poder perdido por el
Ejecutivo a manos del Congreso en las ultimas décadas, toma las
riendas de forma dictatorial cerrando el periodo legislativo y
promulgando la ley de Presupuesto y de FFAA, pudiendo considerarse el
“ultimo manotazo ” antes de que el autoritarismo presidencial se
ahogara en Chile.
En
esta linea, podemos ver la acción del Congreso y de la Armada como
una guerra de restauración constitucional, tal como la que ocurrió
en Francia contemporáneamente, donde el dato de que la oligarquía
se alzo para mantener sus privilegios dentro del Estado es espurio,
ya que Balmaceda no era exactamente un liberador del pueblo ni
alguien que viniera del mundo popular (parte del mito con que se
rodeó a Balmaceda). Otro mito que se debe descartar son los
imaginarios planes de industrialización y de reforma tributaria que
tenia el Presidente Balmaceda. Lógica: en el ultimo año de Gobierno
no iba a desarrollar todas esas ideas, simplemente no hay registro de
que esos proyectos los haya expuesto alguna vez antes (discurso de
Iquique no cuenta, ya que generalmente se lee una parte diminuta y
enfocada en un eventual plan desarrollista, algo falso).
|
Jose Manuel Balmaceda |
Pero
volviendo al tema, en términos políticos, esta explicación
satisface el que los movimientos ideológicamente liberales
(consciente o inconscientemente) de inicios del siglo XIX se
terminaran, o se sumergieran en la sociedad chilena. Ideas
socio-productivas, descentralizadoras, horizontalidad, soberanía
popular se esconden en la memoria popular. Gente como José Victorino
Lastarria (antiguo revolucionario y enemigo furibundo de Portales y
su obra) empezó a tener cabida dentro de la institucionalidad, y
comenzaron a cambiar la fisionomía del Estado. Cuando los sistemas
políticos se flexibilizan y dan cabida a más actores (por muy
revolucionarios que estos sean), inevitablemente se reducen los
riesgos potenciales de revueltas. Luego veremos que así mismo el
sistema involucra a más actores con el paso de los años,
reconvirtiendo las demandas desde la calle al Congreso, aunque no de
la manera eficaz y rápida que se necesitaba, al incluir
sucesivamente al Partido Democrático-Liberal, Balmacedistas, Partido
Democrático y al Partido Comunista.
Ahora,
esta línea nos ofrece la hipótesis de que el Estado Portaliano se
acabó con la serie de reformas de la III República, de que surgió
una nueva Constitución y que el Estado cambió. No es lo mismo lo
que había pre-reformas a lo post-reformas. Los partidarios de esta
idea señalan que la serie de reformas que se inician en 1871 logran
cambiar la naturaleza del régimen autoritario al modificar ciertas
prácticas políticas que generan una mutación constitucional.
A esto se suma a que la Constitución de 1925 es una nueva reforma a
la Constitución anterior (a lo menos así reza en su publicación
oficial), donde se mantuvo lo esencial de la Carta Magna anterior
(Presidencialismo, centralismo, ver actas constitucionales del 25' y
opinión de Alessandri sobre el tema) y se agregaron soluciones a los
problemas de la época (derechos socio-económicos-culturales). Esta
explicación es la que nos da Julio Heise.
Esto contradice la hipótesis de Salazar de que la Constitución del
33' se termina con su reemplazo total en 1925.
La
postura de Heise es enmarcar esta época que va desde 1870 hasta 1925
como la República Parlamentaria, teniendo previamente el Gobierno
transitorio de JJ Pérez
y que tiene un periodo de cambios y reformas graduales liberales
desde el Gobierno de Errázuriz (1871) hasta el Gobierno de Balmaceda
(1891), donde el lugar preeminente lo tiene el titular de la función
legislativa y se somete a los demás órganos constitucionales al
imperio de la ley, reforzando la división de poderes en favor del
Congreso, con una figura presidencial autoritaria que entra en
tensión de una manera que no se resuelve sino con la guerra civil de
1891.
Luego
se abre un período parlamentario de facto, donde el Congreso
controla al Ejecutivo con efectivas medidas, con la misma Carta
Magna, pero reinterpretada (demostrando la laxitud y flexibilidad
constitucional de los textos legales), donde el Legislativo se
caracteriza por ser muy lento y obstruccionista con la cabeza del
Ejecutivo, pero no con la administración del Estado, donde los
mandos medios tuvieron estabilidad laboral y desarrollaron los
proyectos del Ejecutivo.
Según Heise, la elite luego del 91’ se limitó a continuar con las
prácticas parlamentarias anteriores a la guerra, persistiendo este
parlamentarismo incompleto. A nadie se le ocurrió establecer la
clausura de debates (esencial para limitar y apurar el trabajo
legislativo), ni la facultad presidencial de disolver el Congreso
(esencial para check
and balance
de poderes), ni la reglamentación de las interpelaciones
ministeriales. Hay que tener claro que durante estos años no se
estableció legalmente un sistema parlamentario como tal, sino que el
Congreso dominó la política nacional y el Presidente se convirtió
en una figura decorativa, supeditado a las mayorías parlamentarias
(cohecho, corrupción, prebendas, influencias) y sin poder hacer
grandes reformas legales o constitucionales, pero si pudiendo hacer
grandes obras públicas (ferrocarriles, monumentos, sanidad,
electricidad, parques, etc.) ya que eso dependía de la
Administración del Estado, algo que aumento exponencial mente
durante esos años, siendo el germen de la mesocracia nacional
(siuticos, pequeño burgueses, medio pelo, etc).
La
herramienta de la censura ministerial, ley de presupuesto y de FFAA,
interpelación produjeron la rotativa ministerial que bloqueó la
parte alta del Ejecutivo, pero sucedió lo mismo con la parte baja
del Ejecutivo y de la Administración, que siguió ejecutando
proyectos.
Aquí
se contraponen la visión liberal y la conservadora. La primera
establece que este periodo fue bueno, de grandes avances legislativos
(época de dictación de los Códigos, leyes orgánicas,
procesales), sometiendo al imperio del Derecho al Presidente, junto
con limitar el poder militar y de la Iglesia Católica.
La segunda dice que este fue un periodo negro, de gran
irresponsabilidad y obstrucción parlamentaria, de excesiva rotación
ministerial, de desmoralización de la sociedad, ineficiencia y
disminución de la acción del Ejecutivo, junto con la incapacidad de
enfrentar la cuestión social.
Ya
nos estamos acercando al momento histórico del fin del periodo
Portaliano,
así que para introducirnos en la caída del régimen, tenemos que
presentar las teorías para explicar la crisis del Estado Portaliano.
La historiografía nos muestra 3 grandes teorías:
El
Estado empezó a degenerase por el ingreso de grupos políticos no
conservadores, que fueron destruyendo el alma nacional (visión
conservadora).
El
Estado tiene un progresivo crecimiento y avance en el tiempo,
independiente de autoritarismo, inequidad o falta de libertad (whig
interpretation of History).
Modo
de origen del Estado Portaliano, que se genera luego de la batalla
de Lircay, donde chocan 2 posiciones y visiones de cómo construir
el país (Historia Social).
Si
tomamos el primer camino, nos lleva a la explicación de que en este
periodo de crisis del sistema político instalado en 1833, el modelo
paradigmático que ha sido elevado en Latinoamérica como un ejemplo
para los países independizados, imponiendo orden en lo que era el
desorden y el caos “anarquico” (sic), generando estabilidad
necesaria para el apogeo económico de Chile en su fase de
desarrollo, está siendo corrupto por elementos externos. Luego de
los años dorados del conservadurismo en Chile, en teoría, solo
tuvimos decadencia y descomposición moral. Según el tradicionalismo
conservador, la culpa es del liberalismo europeo clásico desde estos
años, ya que lo que comenzó a fluir luego de 1860 es para ellos
corrosión que rompió el orden establecido, el “peso de la noche”:
libertad de pensamiento, de culto, apoyo a la educación pública,
mayor igualdad, pérdida de poder de Ejecutivo, etc. Se rompieron los
valores tradicionales de Chile, el alma colectiva del pueblo, idea
escuchada de Spengler,
Hegel, Nietzsche.
Esta
es la línea conservadora de la historiografía chilena, donde Jaime
Eyzaguirre, Francisco Encina, Alberto Edwards, Gonzalo Vial brillan.
Ellos coinciden en el modelo de decadencia luego del Estado
Portaliano. Un tobogán de desorden público, de la descomposición
del alma nacional, del Estado de Derecho, de la autoridad pública,
enmarcada en la idea circular de la Historia que posee teóricamente
Spengler, que como la vida, interpreta la Historia como un ciclo de
alza y baja.
La
Historia tradicional nos dice que finalizando el siglo XIX y
comenzando el XX, se empezó a manifestar el descontento de la
ciudadanía por la mala situación que vivía.
A la vez, esa misma historiografía nos dirá que durante esos años
el progreso económico del país continuaba debido a las
exportaciones de la minería del salitre y del cobre, que llenaban
las arcas fiscales con impuestos; y también nos dice que esta es una
época de decaimiento moral por la pérdida de los valores patrios,
teniendo la culpa la nueva oligarquía y plutocracia que reemplaza la
aristocracia castellano-vasca como elite.
¿Cómo podía vivir gente en tan pésimas condiciones cuando el país
progresaba, y con un país quebrado moralmente? Tales contrasentidos
se explica en términos socio-económicos por la salida abismal de
capitales (oro y plata) de Chile hacia el extranjero para pagar a los
inversionistas británicos y alemanes (preferentemente), donde la
inflación y la sequía monetaria afectaban de hace largo tiempo a la
economía chilena, por lo menos desde el fin del boom agrícola y de
Chañarcillo.
Es
aquí donde vemos que la postura de la Historia Social es bastante
diferente de la historiografía tradicional y nos da respuestas
radicalmente distintas y que profundizan en razones socio-políticas,
económicas y culturales; más que meramente institucionalistas o
enfocadas en la Historia de la elite.
La
Historia social nos propone como explicación es que a pesar de que
el movimiento de los pueblos libres había sido derrotado
militarmente en Lircay por el patriciado mercantil y que este había
logrado consolidar su propuesta de Estado librecambista, centralista
y autoritario, las ideas y fundamentos de la democracia participativa
y del social-productivismo continuaron. Los planes de los artesanos
de establecer una industrialización precaria se mantenían. La
derrota militar no fue una derrota cívica.
No
fue una derrota total, ya que el movimiento de los artesanos tenía
una antigüedad de siglos. La autonomía popular y la cultura
productivista, junto con el cabildo, no eran instituciones nuevas. La
memoria local no se borra con una derrota militar. De acuerdo a lo
señalado por Salazar, la memoria social no desaparece por la acción
de terceros, pues “permanecen, se re-interpretan y se
transforman”.
Las generaciones traspasan sus experiencias y vivencias unos a otros.
El ideario social-productivista y democrático que habían formado
los artesanos y pipiolos continúo activo en la memoria social hasta
1870-1880. Bajo esta hipótesis, todos los motines y levantamientos
del periodo 1830-1859 (los motines entre 1830-1837; la rebeldía de
la Sociedad de la Igualdad entre 1846-1848; el levantamiento de 1851;
la guerra civil de 1859) fueron manifestaciones de esa misma matriz
social.
La
resistencia y elasticidad de la memoria social hace que los procesos
histórico-culturales se sumerjan, que se filtren por debajo de la
sociedad, bajo la estructura del Estado, saliendo cada cierto tiempo
a la luz, sosteniendo la soberanía popular y la Historia en largos
plazos. Así es como aparecen los “topos” de la Historia.
El
primer topo que surge contra el Estado Portaliano es el mutualismo.
Este nace por 1825, con el Gremio de Lancheros y Jornaleros, que fue
creado como una cooperativa de trabajo, sustentado en un fondo común.
Los artesanos criollos que estaban siendo desplazados por los
empresarios extranjeros (consignees y subsidiary houses) comenzaron a
asociarse según el modelo de los trabajadores portuarios. Así
fueron multiplicándose las sociedades de socorros mutuos,
organizaciones horizontales, donde se ayudaban y auto-gestionaban el
mejoramiento de sus condiciones de vida. Según autores como Grez,
estas organizaciones tenían un sesgo político marcado contra el
Estado Portaliano y fueron hechas para ir desafiando al sistema.
De
acuerdo a Salazar, el mutualismo retuvo el pensamiento y memoria de
lo que había en las comunidades y pueblos libres. Este movimiento
unificaba en organizaciones la heterogeneidad y desigualdad existente
entre los sectores sociales. Operaba para generar un todo sin
eliminar las diversidades, a través de los valores de la
solidaridad, la amistad, el compañerismo y la camaradería.
El
movimiento mutualista fue implementando progresivamente un proceso de
auto-educación y empoderamiento, que le permitió tener las
herramientas para esgrimir el poder constituyente y desafiar la
oligarquía gobernante.
La
revisión que ha hecho la Historia Social en torno a este tema nos
hace concluir que estos movimientos populares poseen nociones
políticas sobre el poder y que este no se encontraba recluido en el
Estado sino en la comunidad, o sea, en la asociatividad solidaria de
los ciudadanos (definición anteriormente señalada como de Hannah
Arendt); junto con el aprendizaje de que la soberanía no radicaba en
el sufragio sino que recaía en las asambleas (Cabildos) donde se
deliberaba entre los ciudadanos, de forma colectiva; y que la manera
de cambiar la realidad era ejerciendo y aplicando el poder
constituyente originario del pueblo.
El
desarrollo de este poder por los movimientos sociales depende por lo
tanto del proceso auto-educativo que puedan lograr como grupo, y
desde esta base, se diversifican en múltiples dimensiones
(políticas, educacionales, culturales, comerciales, productivas).
Solo así puede llegar un movimiento a tener el poder, no siendo
necesario tomarse el Estado para obtenerlo. El movimiento mutualista
chileno tomo el camino de la multidimensionalidad hacia 1925, pero no
logro culminar el proceso ya que fue truncado por factores externos a
su dominio (la traición de Alessandri fue fundamental y la reacción
oportuna de una oligarquia pasmada). Teniendo el movimiento chileno
la asociación mutual y la administración y generación de recursos,
pudieron ir generando el poder desde ahí.
Con
estos fondos que controlaban los mutualistas desarrollaron su poder
multidimensional en las áreas educativas, culturales, comerciales y
políticos. Así fueron invirtiendo en un proceso auto-educativo,
donde el manejo eficiente de recursos, la participación colectiva en
el manejo de esos recursos, la formación de opinión sobre la
situación de Chile y el mundo, el desarrollo artístico y cultural
de los afiliados, la promoción de la fraternidad interna, la
difusión de lo aprendido en los círculos próximos, la aplicación
de lo aprendido en las estructuras comunales (que poco a poco se
empezaron a tomar los movimientos mutualistas) fueron un gran aporte
y puntos esenciales para intentar aplicar todos esos aprendizajes en
el Estado.
Naturalmente,
para poder llegar a cabo este proceso, las mutuales tuvieron sedes
propias, organizando jornadas educativas, adquirían imprentas para
publicar sus periódicos y panfletos, organizaban escuelas para los
artesanos y para los niños. Fue aquí donde apareció la figura
central de Luis E. Recabarren, quien recorrió el país divulgando el
pensamiento mutualista y mancomunal.
|
Luis Emilio Recabarren |
Recabarren
se desarrolla al interior del movimiento obrero que surge en estas
circunstancias, desde los círculos del Partido Democrático en
inicio, y luego en las mancomunales del norte. Su discurso contribuye
a la construcción del andamiaje ideológico de un largo movimiento
orgánico que forma los sedimentos de la cultura política de gran
parte de las clases trabajadoras de la sociedad chilena (algo que no
se interrumpe hasta el golpe de Estado de 1973).
Hacia
1910, la auto-educación popular de las mutuales tenía una expresión
política en el control de los Municipios (gracias a la ley de Comuna
Autónoma de 1891), donde desde las Asambleas se tomaban las
decisiones importantes de los municipios. Esto era el socialismo
municipal que pregonaba Recabarren, que planteaba la unión para
extender el poder desde el interior de la comuna para imponiendo
políticas publicas socialistas.
Tal
como leía Recabarren su actualidad, el movimiento mutualista se
tenía que diversificar, tomando 3 dimensiones:
Cooperativa:
administración de recursos, asegurando el abastecimiento de
productos y servicios básicos para la comunidad a un precio menor
gracias a la compra por mayor directa a los proveedores.
Gremial:
presión permanente a la clase patronal, a los hacendados y
empresarios a través de huelgas, boicots, etc., para así mejorar
las condiciones de trabajo.
Política:
control, primero del municipio y luego del Estado, participando en
el Congreso para poder tener agitación y promoción de las ideas.
Junto
con eso, la promoción de las mancomunales era esencial, pero
barridas estas por el Estado en sucesivas matanzas y operativos, se
optó por seguir el movimiento a través del FOCH, en conjunto con
los partidos políticos de tinte socialista (POS, en esa época).
Junto con Recabarren, muchos otros dirigentes y líderes sociales se
dirigían en la dirección del ejercicio del poder constituyente. En
esa dirección apuntaban las profesoras (AGPCH), los empresarios
industriales (SOFOFA), los ingenieros estatales (Instituto de
Ingenieros de Chile), los estudiantes (FECH), la oficialidad joven
del Ejercito (Club Militar), los empleados públicos y del comercio
(Federación de Clases Medias), los agricultores (cooperativas
agrícolas).
Volviendo
al relato histórico, el fin de la Guerra del Pacifico en 1883 había
traído para Chile la incorporación de las provincias de Tarapacá y
Antofagasta. Estas provincias entregan a la economía chilena un gran
impulso a través de las riquezas minerales (en especial el salitre),
que generaron un incremento del comercio exterior y de las entradas
fiscales, transformándose en motor del país.
Consecuencia
de esta dinámica, gran cantidad de trabajadores de la ciudad y del
campo, artesanos, peones, gañanes, mano de obra sin oficio, se
trasladan del campo al norte y la ciudad, provocando un aumento
notorio de la población en esos dos sectores, hasta el término de
la Primera Guerra Mundial y de la crisis salitrera. Ese nuevo grupo
que habita el norte y la ciudad, empujados por su gran cantidad, va a
configurar una identidad en la que se desarrolla una sensibilidad
especial, dado a la ruptura con sus raíces sociales y familiares
campestres, por las duras condiciones de trabajo, y de la disciplina
laboral implantada por patrones y el Estado;
junto con una cultura política que no presenta grandes diferencias
con la que en decenios anteriores habían conformado trabajadores de
mutuales y socorros mutuos.
La
dinámica económica post-guerra del Pacifico también incrementa el
crecimiento en las ciudades, favoreciendo su expansión y ampliando
significativamente los lugares habitados por la clase marginal o
popular. Esto va generando nuevas formas de cultura que se instalan e
irradian al conjunto de la sociedad.
Aparecen los comerciantes ambulantes, las chinganas, las quintas de
recreo, las poblaciones periféricas, los conventillos. La misma
expansión urbana, junto con el creciente éxito de las profesiones
liberales de las nuevas Universidades (de Chile y Católica), nuevos
requerimientos de fuerzas de trabajo calificada, comercio
internacional expansivo y crecimiento del Estado, contribuyen a una
movilidad social y a formar una “mesocracia”, que con perfil
propio, comienza a participar de las luchas sociales del periodo.
En
este escenario se va conformando un nuevo clima social donde está el
punto de partida de una nueva fase de organización política y de
subjetividad colectiva de los trabajadores, que romperán con una
sociedad adormecida por la oligarquía.
A
pesar de la grandeza de las transformaciones que se vienen, y del
discurso integrador de la parte más “progresista” de la elite
que
comienza a plantearse la cuestión social (reforzado por la Rerum
Novarum de 1891 y el discurso crítico del Centenario de Chile), esta
masa social de obreros, artesanos, campesinos, peones, marginales y
capas medias, son percibidos por la misma elite
a través de su prisma construido desde el origen racial y cultural
que se auto referían (castellano-vasco). Mientras lentamente los
trabajadores toman conciencia de sus derechos y de su existencia
colectiva, la pre-juiciosa oligarquía niega ex
ante la
condición de pares a las clases subalternas, haciéndolos invisibles
más allá de su función productiva en la economía, negando su
condición de actores de la Historia y cortando el dialogo social, de
espacio público compartido (Arendt) y de construcción de
democracia.
A partir de aquí se encuentra uno de los gérmenes de la caída del
Estado Portaliano.
La
crisis económica en que estaba Chile desde 1873 (crisis de la
devaluación del peso y de la inflación galopante), junto con la
creciente y notoria corrupción e inoperancia de la oligarquía
gobernante, a la aplastante hegemonía de las casas comerciales
extranjeras (subsidiary
houses
y los international
banks)
ayudada por los procesos abortados de industrialización, a la
convivencia de los grandes palacios y la vergonzosa pobreza que
campeaba en los conventillos y rancheríos, inspiraron en todos los
actores sociales la convicción de que la oligarquía no tenía la
representatividad del pueblo, y que por lo tanto, la situación del
país exigía un cambio radical.
Había
un proceso de acumulación de descontento contra la sección civil y
militar de la clase dirigente hacia el inicio del s XX.
En
primer lugar, por la frustración y crisis de los gremios
artesanales, desde que su movimiento popular de industrialización
fue bloqueado, reprimido y abortado por la política del régimen
Portaliano y sus socios comerciales, desde su victoria en Lircay. Ya
sabemos que esto desencadenó las protestas del 37’, 48’, 51 y
59’. La derrota del movimiento artesanal y de los liberales
asociados no fue sociocultural, porque permaneció la memoria las
tradiciones y costumbres, siendo caldo del movimiento mutualista y de
un proyecto socialista germinal.
En
segundo lugar, por el impacto en la economía nacional de la política
librecambista practicada por el patriciado mercantil desde Lircay,
que conduce 40 años después al colapso del sistema monetario
chileno, basado en el oro y la plata.
Este quiebre abrió paso a la emisión de billetes de banco, y luego,
a billetes fiscales, a tal nivel que el valor internacional del peso
es casi nulo (valor ya afectado por la depreciación). La caída del
peso aumenta en el tiempo, en contraposición a la subida en el valor
de las importaciones, y consiguientemente, en los costos de
producción, desencadenándose una inflación de los precios
internos, sobre todo luego de 1906.
Por otro lado, el aumento del circulante papel moneda permitió que
patrones pagaran salarios en dinero y no en fichas, lo que implicó
una expansión cuantitativa de la clase asalariada, tanto a nivel
popular como mesocrática.
La
inflación castigaba horizontalmente a la sociedad, lo que permite la
asociación de productores y trabajadores, así también el
movimiento de huelgas y protestas. Hacia 1918 los trabajadores
convocan a los actores antes mencionados a conformar la AOAN
(Asamblea Obrera de Alimentación Nacional), con el fin de solucionar
la “carestía de subsistencias” que golpeaba a las clases
populares. Esto no tenía como objetivo salir tan solo a las calles,
sino realizar un debate ciudadano para poder tener un diagnóstico de
la situación y proponer al Legislativo las leyes para reactivar la
economía y detener la inflación.
Es
así como el poder del movimiento social, maduro y diversificado, se
convierte ante el Estado en un poder paralelo, ejerciendo el poder
constituyente efectivamente.
Bajo
la AOAN, cada comunidad empezó a debatir sobre sus problemáticas.
Luego de recopilar los informes y tras realizar una propuesta común,
la AOAN publicitó los proyectos de ley que según ellos debían
resolver la crisis. Luego ordeno salir a marchar por las ciudades, en
las “marchas del hambre”. En la que hubo en Santiago, el comité
de la AOAN se dirigió a La Moneda para entregar sus proyectos de ley
y demandar al Ejecutivo su aprobación en 15 días, donde luego de
ello se llamaría al desacato y desobediencia civil del Gobierno.
Sanfuentes, Presidente de turno, los recibió, pero lo que hizo fue
cambiar a su ministro de Interior, quien para cambiar el foco de la
opinión pública, invento una supuesta movilización de tropas en
Perú, en la llamada “guerra de Don Ladislao”. Ante esto, la
nación debía “reaccionar” y se decretó ley marcial,
aprovechando para que el Ejercito empezara la represión contra los
dirigente del movimiento, atacando la sede de la FECH (y provocando
la muerte en la Casa del Orates del estudiante de la facultad Domingo
Gómez Rojas).
Momentáneamente,
pareció que el movimiento ciudadano se había apagado, tal como
había pasado con los mancomunales 10 años antes. Sin embargo, el
poder nuevamente fue ejercido, reapareciendo en 1923, otra vez en una
versión co-legislativa, pero ahora para resolver el drama educativo,
con un nuevo paquete legislativo, el “Sistema educacional para la
Nueva República”, impulsado por los mismos actores sociales: FECH,
FOCH, AGPCH. El Presidente ahora era Alessandri Palma, quien llego al
poder en brazos de su “querida chusma”, siendo ampliamente
apoyado por los sectores mesocráticos y el bajo pueblo que creyó
que con él en el poder iban a cambiar las cosas.
Al igual que anteriores mandatarios, reprimió a los actores sociales
y respondió con el Ejército.
Otra
derrota para el movimiento social. Pero ahora los actores sociales
estaban en posesión de una cultura sociocratica que les permitió
oler que había llegado la hora de preparar el fin de su movimiento
con la máxima obra que puede darse el pueblo para sí mismo: la
convocatoria de una Asamblea Constituyente. La cita era en el Teatro
Municipal, a realizarse en marzo del 25', caracterizándose por ser
de asalariados e intelectuales. Esta era una Asamblea netamente
popular, siendo un paso previo y de preparación para la Asamblea
Nacional Constituyente. Aquí se reunieron los trabajadores,
profesores, estudiantes y profesionales a debatir sobre los
principios generales y valores que regirían la potencial Asamblea
Constituyente, manteniendo afuera a políticos y oligarcas.
Aquí
un punto de discrepancia elemental con Salazar: Si bien el Premio
Nacional eleva esta Asamblea al estatus de Constituyente, esto no fue
así. Mi visión es bajarle el nivel a esta convocatoria, por cuanto
viendo los resultados y las conclusiones a las que llegaron, los
gremios y actores sociales reunidos llegaron a común acuerdo sobre
los principios y valores generales que debía tener la futura
Constitución, pero en ningún caso se hizo una nueva, o se redactó
algo, ni se impuso al Ejercito una fecha para realizarse. Tal vez
nunca más se ha visto en la Historia de Chile un evento como este,
pero tampoco podemos elevar magnamente algo que simplemente no es.
En
ese momento, el descontento era tan grande que la oficialidad joven
del Ejército realizo en 2 golpes de Estado,
destinados a botar al Presidente Alessandri, tratando de asumir el
clamor de la ciudadanía y convocar a la Asamblea Constituyente. Era
una etapa de crisis revolucionaria intensa, que estaba poniendo fin
al Estado Portaliano impuesto en 1833. El encauzamiento del
movimiento social era el hacer valer su voluntad constituyente en una
Asamblea y que se constituyera ante sí y para sí, deliberada y
soberanamente, un nuevo Estado que respondiera a los principios y
valores de la memoria social forjados a través de siglos. Si incluso
sectores del Ejército lo entendían así... todos lo veían así,
excepto la clase política, la oligarquía, que vieron en el
movimiento ciudadano el mismo riesgo que el patriciado de 1820 con el
movimiento de los pueblos libres. Para salvar lo poco que les iba
quedando, tenían que hacer algo, ya que el margen de acción se
reducía cada vez más. Ahí aparece nuevamente la figura del
Presidente Alessandri, el desterrado liberal.
En
resumidas cuentas, luego del 2do golpe de Estado de los jóvenes
oficiales, la Junta Militar provisoria se vio en la tarea de
organizar la Asamblea Constituyente, pero no tenía idea de cómo
convocarla. Si bien la soberanía recae en el pueblo y a pesar de que
recientemente se había llevado a cabo la Asamblea de Asalariado e
Intelectuales, los militares no eran pueblo ni habían sido elegidos.
Según su raciocinio, se debía actuar de acuerdo a la ley. Fue
entonces cuando telegrafiaron al Presidente (constitucional aun)
Alessandri, para que tomara la tarea de llevar a cabo la Asamblea.
Ahí nuevamente se desarrolló la felonía. El mismo Presidente que
se había ido por corrupto e incapaz, volvía para liderar el proceso
constituyente, ahora con poderes dictatoriales.
Como
sabemos, Alessandri no convoco a Asamblea Constituyente, sino
comisiones de trabajo con abogados y políticos designados por él
mismo. De su vuelta de Roma, se propone llevar a cabo una reforma a
la Constitución de 1833. Se inaugura la Comisión Consultiva,
subdividida en la Comisión Reforma y la Comisión encargada de
organizar y convocar a la Asamblea Constituyente. Solamente la
primera funciona, donde Alessandri y José Maza redactan una
Constitución reforma de la del 33', de corte presidencialista. La
segunda no prosperó ante la negativa de Alessandri, quien creía en
la aprobación popular por medio de plebiscito y no una Asamblea, por
el poco tiempo que el quedaba en el poder.
Ante
tal maniobra ofensiva, los partidarios de una solución parlamentaria
redactan un texto alternativo para que se consulte también en el
plebiscito. Acto seguido, se convocó a una Asamblea de Notables
(nuevamente designados por Alessandri) para presentarles el texto,
quienes luego de ver montar en cólera al Presidente por una pregunta
hecha por el Gral.
Navarrete, ovacionaron y aprobaron la Constitución del 25'.Unos días
después, se convocó a plebiscito nacional para ratificar el texto.
La
redacción de la papeleta fue efectuada por el mismo Alessandri,
induciendo el voto a favor del régimen presidencial de forma
grosera: “Aceptación del proyecto de la subcomisión de reforma,
cuya aprobación pide el Presidente de la República” “Se
mantiene el régimen parlamentario con la facultad de la Cámara de
Diputados de censurar y derribar Gabinetes y de aplazar despacho y
vigencia de las Leyes de Presupuestos y recursos del Estado”.
Los
partidarios del régimen parlamentario, por lo mal que había
funcionado en cuanto a diseño y a implementación, eran pocos y de
bajo arraigo popular. Radicales, conservadores, liberales y liberales
demócratas lo apoyaban, pero finalmente llamaron a abstenerse en el
plebiscito, uniéndose a comunistas que desde el comienzo habían
desechado la nueva Constitución. La apatía política de la
ciudadanía por los sucesivos golpes de Estado y cambios de Gobierno
llevaron a una gran abstención (54,63% total del universo electoral)
en la votación. Este
fue aprobado a pesar de todo.
Así
se terminó por finiquitar a los restos del Estado Portaliano, en un
proceso ciudadano que indicaba que iba a terminar de otra forma y no
nuevamente cooptado por las estructuras oligárquicas del país. A
través de este proceso constituyente se dictó la Constitución de
1925, que rigió hasta 1973, que a pesar de ser por mucho tiempo
criticada por opositores al régimen presidencial por el precario
apoyo popular, fue respetado por todo el espectro político. En
especial se ignoró el carácter ilegitimo de esta Constitución,
siendo que Alessandri realizo una intervención desvergonzada en
ella. Nuevamente, una felonía grosera truncaba un proceso social y
ciudadano...
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Promulgacion de la Nueva Constitucion de 1925 |