Ruben Ballesteros, Corte Suprema y Consejos de guerra

Tatita Kill

 

Esta nueva entrada en Leguleyo Socio-listo ira referida sobre la elección como Presidente de la Corte Suprema de Ruben Ballesteros, juez supremo desde 2005 (Curriculum Ballesteros), y el vinculo con los DDHH que tiene su nombramiento, en el contexto de una áspera discusión entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial por los malos resultados en delincuencia mostrados en el ultimo año. 

La elección de Ballesteros como Presidente fue realizada por contundente mayoría de 12 contra 6 votos en el Pleno de los supremos. Hasta donde se sabe (los recovecos del Poder Judicial son complejos), los ministros tomaron esta opción por un cálculo de las edades de sus mayores miembros, los tiempos que deben permanecer en el cargo los ministros y las alternativas que lo seguían. A primera vista no parecería que en la elección hubieran intervenciones significativas de factores políticos, por lo que cabe suponer que otra vez el Tribunal superior actuó como burocracia especializada, que atiende a sus mecánicas jurídicas internas por sobre los signos imperantes del entorno social.

Ruben Ballesteros, nuevo Presidente de la Corte Suprema

 Durante el mes de diciembre, en la previa de la elección y con el secreto a voces del nombramiento de Ballesteros, ese mismo entorno social levantó la voz a través de las asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que advirtieron que la designación sería polémica. Por mucho que la Corte Suprema no quiera ceder a este tipo de presiones y se quiera mantener autónoma/aislada de la contingencia (idea de Torre de Marfil de Jorge Millas se viene a la mente inmediatamente), está alerta anticipa que la gestión en la Presidencia no sera tranquila.

En los pasillos de Tribunales es clara la opinión de que Ballesteros es un juez inclinado a la derecha, o sea, que toma como valores el orden, las normas y el castigo a las trasgresiones a la ley. Tal como Milton Juica fue considerado un magistrado más de izquierda, es decir que retiene los valores de la equidad, la interpretación amplia de la ley y el perdón social. A pesar de que los jueces odian estas etiquetas (como muchos abogados, y en general el mundo jurídico), es inútil rebelarse contra esta clase de marcas cuando se está en uno de los tres poderes del Estado.

Ahora, la cuestión de ser de derecha, y de cómo serlo, ha sido uno de los principales dilemas en el Gobierno de Piñera. Este Gobierno no tuvo nada que ver con el ascenso de Ballesteros a la Corte Suprema en 2005. Quien lo propuso fue Ricardo Lagos, como parte de las negociaciones con el entonces senador Pablo Longueira por los casos de corrupción. A pesar de esto, el nombramiento de Balllesteros se puede entender como una buena noticia para los ministros del Interior y de Justicia, que han polemizado con Juica por las conductas de los jueces ante la seguridad pública, los encapuchados y la “puerta giratoria”.

El problema es que en este Gobierno, que duda sobre qué es la derecha actualmente en Chile, pero no vacila con que no quiere ser la de Dictadura, el nuevo presidente de la Corte será un problema más que una solución. Un problema que caerá, era que no, sobre el mismo gobierno.

Los que estamos en contra del nombramiento de Ballesteros hemos puesto énfasis en sus fallos favorables a la ley de amnistía, sus votos en favor de Pinochet en varios de los juicios en su contra y sus mociones contrarias a activistas sociales, como la cineasta Elena Varela. A pesar de estas criticas, se podría alegar en favor que en todos estos casos se opinó en conciencia, dentro de un contexto democrático, y que perdió tantas causas como las que ganó con sus votos. Ahora estamos bajo una democracia establecida, con un Estado de Derecho pleno.

Pero investigando, podemos tomar un antecedente más remoto pero oscuro en la carrera de Ballesteros: su participación en los consejos de guerra establecidos el 11 de septiembre de 1973 y extendidos hasta 1976. Esto es bastante distinto a los fallos anteriormente nombrados. Existe un amplio consenso jurídico, académico y político sobre los consejos de guerra y su negra marca en la historia de la administración de la justicia en Chile.

Si los presidentes y ministros de la Corte Suprema de los años 70' tuvieron comportamientos placenteros (algo lógico por la relación con el poder) para con la Dictadura, recordando excepcionalmente el caso de José María Eyzaguirre, quien alegó contra los shows de la Dina cuando habían visitas de jueces a sus recintos visibles; los miembros de los consejos de guerra se encargaron de las venganzas más viles, dándole apariencia de jurídico a las más barbaricas idioteces de los militares, ejecutadas contra prisioneros políticos, en condiciones abusivas y desfavorables (debido proceso no way).

¿Cual es el punto con esto? Bueno, Ballesteros participó en estos consejos de guerra, en la ciudad de Osorno. Estos no fueron los peores, porque esos fueron los que realizó la gente de la FACh, pero eso no quita la mancha. La Comisión Valech hace algún tiempo estableció que todos los consejos de guerra, sin exclusión, actuaron al margen de las normas de debido proceso, fuera de las leyes penales, fuera de los códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Todo esto sin guerra (a menos que ud. lector crea en hubo una “guerra interna” contra los “marxistas”).

El informe Valech cita dos fallos de Osorno como ejemplos de la iniquidad jurídica de estos consejos¹. En uno se estima que sólo pertenecer al MIR "indica un concierto para alcanzar los fines ilícitos", aunque no hubiese delito de por medio (?). En el otro se condena a dos militantes socialistas por espionaje de secretos militares "para su entrega al enemigo", sin especificar cuál sería el impacto de tales "secretos" sobre las operaciones de qué "enemigo" (?).

Los juicios de los consejos de guerra son una vergüenza para el Derecho chileno. Tras la designación como presidente de la Suprema, Ballesteros dijo a la prensa sobre el tema que "el hombre es víctima de sus circunstancias" (Defensa de Ballesteros a participacion en consejos). Aceptemos esto como plausible, comparándolo con los casos de los oficiales que fueron destinados a la Dina o la CNI y que fueron ordenados a hacer miles de atrocidades. Sin embargo, a la frase le falta una parte importante si es que no se le agrega que el hombre es víctima de sus propios actos. De otro modo, el pasar 5 años por una facultad de Derecho carece de sentido. Sin aceptar los hechos propios y sólo conviviendo con las circunstancias, el Derecho y los tribunales debieran dejar de existir.

El problema es que Ballesteros no sólo fue parte de estos consejos, sino que presidió esos tribunales especiales. En los años 70' participar en estos consejos no lo hacía cualquiera, ni siquiera por obligación, sino porque los militares enfermos en la “guerra interna” lo estimaban adecuado. Alegar que entonces "los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema democrático" no es suficiente para justificar y parece triste como defensa.

Comparándolo con otras instituciones del Estado que estuvieron involucradas en los crímenes a los DDHH durante la Dictadura, es bastante anómalo lo que sucede con Ballesteros. Durante la transición y los 20 años de la Concertación, hay 2 ejemplos sobre el comportamiento medianamente decente con respecto al tema. El mundo militar han comunicado -no por la prensa, naturalmente- que ningún miembro de Dina o CNI llegará a comandante en jefe. El mundo político ha comunicado la idea de que ninguno de los civiles que participaron en la violación de los DDHH tendrá altos cargos de gobierno (vaya a saber uno si cumplen...). Pero el Poder Judicial parece no escuchar nada de esto: los consejos de guerra son el equivalente a la Dina, y esto parece darle lo mismo.

Aquí el quid del problema: por qué no puede la Corte Suprema garantizar a los chilenos que no estarán en sus máximos cargos quienes hayan llevado juicios injustos y abusivos, corruptos y violadores, absurdos y groseros, procesos contrarios al Derecho y sentencias arbitrarias que validaron atrocidades.

1Citados en la columna de Ascanio Cavallo en La Tercera “La Corte Suprema y los consejos de guerra”.