A días de que el gobierno
entregue su propuesta tributaria para financiar las reformas a la
Educación, hemos tenido la oportunidad de ver en la prensa distintas
opiniones sobre la reforma. Una de las tendencias más criticas nos
dice que lo que se conoce de esa iniciativa hasta ahora no permitiría
recaudar más y tampoco hacer de Chile un país más equitativo pues
lo que se propone sólo beneficia a los más ricos. La ultima en
salir es la de Michael Jorrat, de la U de Chile, quien fue uno de los
primeros en hablar de los miles de millones de pesos acumulados
en “utilidades retenidas” -que constituyen una de las principales
fuentes de ingresos de los grupos más adinerados de la población- y
sobre los cuales no han pagado impuestos.
Los economistas en Chile, primero que nada, tienen un dogma: la
distribución de ingresos sólo se puede mejorar con el gasto social
del Estado y no aumentando impuestos. Este arranca de una
investigación realizada por Eduardo Engel, Alexander Galetovic y
Claudio Raddatz, quienes en 1998 publicaron su famoso paper “Reforma
Tributaria y Distribución del Ingreso en Chile”. En
su investigación, Engel, Galetovic y Raddatz concluyeron que “la
redistribución del ingreso se debe realizar mediante el gasto
social, no mediante la recaudación de impuestos”.
Esa máxima se enseñó como las Tablas de la Ley en las escuelas
de Economía y en los cursos de Políticas Públicas en los últimos
diez años. Hasta que Jorrat salió al camino con nueva evidencia y
dos estudios determinantes: “Equidad
Tributaria en Chile, Un Nuevo Modelo para Evaluar Alternativas de
Reforma” y “La
tributación directa en Chile: equidad y desafíos”.
Antes que plantear una propuesta de reforma tributaria, hay que definir qué es lo que queremos como sociedad. Dentro de esto, hay dos paradigmas economicos relativamente exitosos que se aplican en la actualidad, pero alternativos: el
norteamericano, que es también el nuestro, con baja productividad, con el consumo como elemento central y muchas horas de trabajo; y el europeo, con la industria como elemento central, menos horas de trabajo, pero mayor productividad.
La evidencia de que el segundo modelo produce más felicidad y cohesión social es relativamente inobjetable. En cambio, la evidencia de que el primer paradigma es generador de más crecimiento económico, no es tan evidente si la econometría se hace bien.
De todos modos, la opción entre estos dos paradigmas es política. El primero anda mejor con desregulación, flexibilidad laboral e impuestos bajos; el segundo enfatiza la educación, la capacitación y requiere más impuestos.
La evidencia de que el segundo modelo produce más felicidad y cohesión social es relativamente inobjetable. En cambio, la evidencia de que el primer paradigma es generador de más crecimiento económico, no es tan evidente si la econometría se hace bien.
De todos modos, la opción entre estos dos paradigmas es política. El primero anda mejor con desregulación, flexibilidad laboral e impuestos bajos; el segundo enfatiza la educación, la capacitación y requiere más impuestos.
Suponiendo como se ha movido nuestra sociedad en los utimos años, la opción europea es nuestro horizonte (a menos que nos guiemos por la teoria del charango y la zampoña).
Dentro de esta visión, lo que Jorrat nos dice es que hay que bajar el IVA, radicalmente:
del 19% actual a un 6%; y compensar esa caida en la recaudacion con un mayor impuesto para los ricos (aquellos que ganan más de 6 millones de pesos), subiendo de 13% a 25%.
Primero, es necesario hacer un característica del gasto de la
poblacion chilena. La mayor parte de los chilenos destina
prácticamente todo su ingreso al consumo, por lo tanto, una baja en
el IVA es realizar un desahogo para los bolsillos. Sobre todo hoy,
cuando según la FAO los precios de los alimentos han subido más que
en cualquier país de América Latina en el último tiempo.
Para compensar la caída de la recaudación fiscal Jorrat propone
aumentar el impuesto que pagan los más ricos, del 13% actual al 25
%. Los más ricos, aquellos que ganan sobre 6 millones de pesos,
constituyen una población de 48 mil personas, dice Jorrat.
Debemos partir de una premisa anterior y más importante. En
Chile, el principal problema del sistema tributario es ser
inequitativo. Las rentas empresariales en este país, soportan una
carga tributaria mucho menor que las rentas del trabajo. En números,
esto significa que mientras no retiren las utilidades de sus
empresas, los empresarios pagan sólo un 17% de impuesto. En cambio
un trabajador dependiente o independiente tiene que pagar por todo lo
que ha ganado, en una escala de 0 a 40%, independientemente de si
gastó o ahorró sus ingresos. La principal desigualdad viene de ese
tratamiento preferencial que reciben las rentas empresariales, al
tributar sobre la base de retiros en vez de tributar por las
ganancias obtenidas (lo que se llama base devengada), como hacen
todos los trabajadores.
Naturalmente, el propósito de este sistema tributario no es ingenuo. Este fue creado en entre 1974-1984, buscando estimular la reinversión de las utilidades: que los dueños de empresas, en vez de retirar sus ganancias, las reinvirtieran en la misma compañía para hacerla crecer. Además de incentivar la inversión se buscaba aumentar la liquidez de las empresas (dinero disponible), lo cual era especialmente relevante para las firmas pequeñas. El argumento es que si la empresa retiene utilidades, paga menos impuestos, y por lo tanto, queda con más recursos disponibles como capital de trabajo.
Con el tiempo, sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de la evidencia que claramente no es el mejor sistema para lograr estos objetivos. Por una parte, no asegura que las utilidades retenidas se destinen a inversión real y, por otra, es muy difícil para el Servicio de Impuestos Internos (SII) verificar si las utilidades se encuentran efectivamente dentro de la empresa. En la práctica, es un mecanismo que favorece la evasión y la elusión. De hecho, lo que ha ocurrido en la realidad es que las utilidades retenidas se han acumulado en sociedades de inversión. Según investigaciones (Jorrat), más del 50% de las utilidades que se han retenido están acumuladas en empresas cuyo giro es el de la “sociedad de inversión”. Esas utilidades están ahorradas en depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos. Es decir, el sistema ha servido principalmente para estimular el ahorro dentro de estas sociedades, pues de esta manera los empresarios postergan el pago del impuesto global complementario, porque mientras no retiren las utilidades para su consumo personal, no van pagar ese impuesto.
Esta es la practica común que realizan los grandes empresarios.
Sin duda es la opción más racional para cumplir de cerca la ley o
derechamente, no cumplirla. Las personas que participan en empresas
como propietarios, ya sea como accionistas o socios, son los que
crean estas sociedades para recibir ahí las utilidades distribuidas
por sus empresas productivas. Pueden tener una o dos sociedades de
inversión y ahorran en ellas, pues de esa manera postergan el pago
del impuesto. De acuerdo a las estadísticas, actualmente hay
acumulados aproximadamente US$ 200 mil millones en utilidades sobre
las cuales no se ha pagado impuesto. Eso es lo que se conoce
como FUT, Fondo de Utilidades Tributarias. Y en mi opinión cualquier
reforma que pretenda aumentar significativamente la recaudación o
mejorar la equidad tributaria, debe pasar por terminar con este
sistema de tributación, algo que el min Larrain ha negado
sistematicamente en entrevistas.
Una brutalidad, porque de esos US$ 200 mil millones
acumulados, tendrían que haber pagado impuestos en promedio
un 15% ó 20% o más, o sea, unos US$ 30 mil millones de
dólares. Es mucho dinero.
Cruzando datos con la encuesta CASEN, se supone que hay del orden
de 45 mil personas que ganan más de $6 millones mensuales. Sin
embargo, en las declaraciones de impuesto a la renta sólo hay unas
15 mil personas en esta condición. Donde estas las otras personas
que no tributan? Son a las que les conviene tributar como empresas,
pues tienen la posibilidad de pagar un 17% de impuesto mientras no
retiren la plata. A un médico, por ejemplo, le conviene asociarse
con otro médico o con la esposa y hacer una sociedad de
profesionales. Luego de eso, tributa en primera categoría. Es decir,
tributa como empresa y de ahí en adelante no paga nunca más el 40%
sino a lo más el 17%. Y si se acoge al 14 bis, no paga ni siquiera
el 17 por ciento, porque en ese caso, no se paga nada, cero. Pago
solo cuando retiro.
Por lo tanto, donde hay que atacar para mejorar la equidad en Chile, es en el bolsillo de los más ricos. Naturalmente, la reforma Piñera no ataca ese problema sino que mantiene la esencia del sistema tributario de los 80'.
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