Es hora de Reformar la Educación Superior

Mov estudiantil chilena

En estos 5 meses de movilizaciones hemos presenciado el que el protagonismo de los futuros cambios que se harán en el sistema educativo chileno se lo llevara la Educación Superior, tanto a nivel universitario como técnico-profesional. Como parte de eso, esta columna intentara dar motivos para preocuparse de la posición de la Confech al apostar a un solo tema, la gratuidad, en la discusión con el Gobierno (motivo del quiebre de la mesa de dialogo).

Tenemos que tener en cuenta que la expansión vertiginosa de la educación superior detonó a su vez la explosión de graves problemas. Estos problemas son múltiples y tenemos que tomar la oportunidad que nos entrega las movilizaciones más largas desde la vuelta a la democracia para abordarlos de manera sistémica y no con parches o con leyes gatopardescas. Propuestas como el GANE y la ampliación de recursos para becas o préstamos en mejores condiciones, o las reprogramaciones para los del Fondo Solidario, son insuficiente, sólo tapan el sol con un dedo por un tiempo. Quien sabe si no se vendrá un nuevo aumento en los aranceles universitarios (nadie pone limites) que hasta ahora ha operado con total libertinaje de mercado.

Tenemos que darnos cuentas que hemos tenido uno de los sistemas más desregulados del planeta. De 4.700 carreras impartidas en alguna Facultad, sólo 700 cuentan con acreditación, en muchos casos dudosa. El mercado ha sido opaco y asimétrico para “clientes” desinformados. El mercado funciona bien en las carnicerías: si no me gusta la carne, al día siguiente voy a otra o la cambio. Si yo estudiante me demoro dos años en darme cuenta de la mala “calidad del producto”, no es trivial cambiarme de carrera o de universidad. Perdí dos años de vida y tengo deuda, y no exactamente una pequeña.

Tenemos los aranceles más altos del mundo. Nosotros los estudiantes no sólo hemos estado pagando el costo de nuestra educación (la docencia), sino que también financiamos, en el caso de los alumnos de Universidades privadas, las expansiones inmobiliarias; y en el caso de los alumnos de las Universidades publicas, la investigación y desarrollo. Eso es un abuso. Si los privados quieren expandir sus sedes, este dinero debe provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, no del dinero de aranceles; y a la vez, cosas como la investigación y construcción académica deben provenir del Estado a través de mayores Fondecyt o AFD's.

Es hora de cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación. Si los CFT´s, IP's o Universidades, con o sin fines de lucro, público o privado, reciben recursos del Estado, créditos, becas o exenciones tributarias, deben tener un compromiso con la comunidad nacional. La transparencia debe ser un valor para todos, por lo tanto, el Estado tiene que obligar a todos a demostrar el valor de las carreras que ofrece, la calidad de la misma, adquirir compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, definir aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otras cosas externas transparentando la totalidad de sus fuentes de ingresos, sus egresos, y sus transacciones con eventuales “sociedades espejos”.

Adicionalmente, hay que hacerle una transformación radical al sistema de acreditación, no sólo en sus criterios para calificar, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. No puede ser que el propio acreditado le pague al acreditador, eso no tiene ninguna lógica. También es bastante irracional que el Estado de becas y créditos a carreras de 3 años cuando estas ni siquiera están acreditadas seriamente y por al menos tres años.

Con todas estas condiciones, hoy por hoy es un absurdo obligar a los jóvenes a definir una carrera a los 18 años. Las instituciones de Ed. Superior deben flexibilizar sus años iniciales para facilitar traspasos entre carreras, entre universidades, y entre niveles técnicos y universitarios. Parte del rol del Estado es prever que hay un grave riesgo para la económica y para la sociedad si se continúa expandiendo el mito de “universidad para todos”. Parte del proyecto-país es que tengamos un adecuado balance entre oficios, carreras técnicas, y profesionales, en las proporciones adecuadas, para que no suframos de los cesantes ilustrados o de sobrepoblación de profesionales. Es necesario reorientar el sistema de educación superior hacia la provisión de un sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que cierren la brecha salarial entre éstas y los títulos universitarios. Para esto es esencial y básico el tener la red estatal de IP´s y CFT´s gratuitos y de calidad. Por ahí pasa una mayor igualdad salarial y de oportunidades en el país.

Hay que eliminar al CRUCH. Desde el punto de vista institucional, un grupo que reúne a las 25 Universidades anteriores a la apertura de 1980 que controlan los pocos recursos estatales directos, no parece muy lógico. Cerrar los recursos estatales y ciertos privilegios a un grupo de universidades por criterio temporal no parece sano. El argumento de defensa al Cruch es que esta reúne tanto a Universidades privadas como estatales, pero que tienen sentido público. Pero en ese caso, Universidades privadas como la Diego Portales, Padre Hurtado o la Académica de Humanismo Cristiano, ¿no tienen sentido público? Para resolver esa duda, mejor destruir Consejo de Rectores, ya que parece más cartel oligopólico de los mínimos aportes basales, de créditos y becas que una institución sana y abierta.

Una propuesta de cambio es el sistema brasileño de Educación superior. Ellos clasifican a sus Universidades de acuerdo a si son Publicas o Privadas. Las primeras son las que pertenecen a alguno de los niveles estatales (federal, estadual o municipal), recibiendo gran parte del financiamiento desde el Estado. Las segundas se subdividen según si son con fines de lucro y sin fines de lucro, no teniendo ninguna de ellas nada de financiamiento directo por parte del Estado, pero si reciben dinero por becas y créditos. En las sin fines de lucro entran las Universidades Pontificias (como la PUC chilena), Filantrópicas (como la U de Concepción) y Comunitarias, teniendo el beneficio de exenciones tributarias, créditos blandos y uso de terrenos, y las otras, las con fines de lucro, no tienen ninguna clase de beneficio.

La legislación chilena ya contempla que las Universidades no tengan fines de lucro, por lo tanto, podemos armar un sistema universitario muy parecido al brasileño con gran éxito, ya que tendríamos una clara diferenciación entre lo público y lo privado, no teniendo esa aberración conceptual de Universidades Tradicionales. El financiamiento estudiantil seria para todos, ya que ninguna universidad tendría por fin el lucrar con los recursos, y el financiamiento institucional iría a las Universidades estatales a través de aportes basales, pudiendo enfocar mejor los recursos. Con esto no tendríamos por qué hacernos la pregunta de qué es el sentido público en las Universidades, ya que todos tendrían esa consideración.

Por último, el gobierno corporativo de las universidades pertenecientes al propio Estado debe reformularse. El Estado debe hacerse cargo de su fortalecimiento, y esto no pasa solamente con mayores recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas competir a las Universidades estatales con las privadas teniendo la maquinaria, lentitud y restricciones burocráticas propias del aparato estatal.

Una fórmula de gobierno corporativo para las Universidades podría ser el permitir razonables grados de democracia interna (o sea, participación de estudiantes, funcionarios y académicos) en la toma de decisiones, con la participación del Estado, como dueño, en la vigilancia rigurosa del uso de los recursos y con capacidad de intervención de lo que ocurre en su interior (de forma restringida), para que se eviten posibles capturas institucionales por parte de profesores, alumnos o funcionarios. Check and balance entre los distintos actores. La introducción de algo parecido al Patronato de la UNAM (que vino junto con la gratuidad), donde personas no dependientes de la Universidad, vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, “aadministrando el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como los extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse” (entendiendo que la gratuidad en las Universidades Estatales se logre).

Como vemos, para poder aspirar a hacer bien y de una sola vez esta reforma en Educación Superior, debemos tener una nueva legislación integrada que aborde sistémicamente todos estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí, como el GANE. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto y si fallamos esta vez, tendremos el germen para un nuevo alzamiento estudiantil en el futuro próximo, que esta vez, seria incontrolable.