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jueves, 24 de noviembre de 2011

Sobre las Universidades Tradicionales y su muerte para la Reforma


Durante el ultimo mes se ha discutido mucho sobre los recursos que se deben destinar a la Educación Superior universitaria en la Ley de Presupuesto 2012, dineros que (con esfuerzo y doblandole la mano al Gobierno) deberían ir en su mayoría hacia las Universidades que integran el Consejo de Rectores de Ues Chilenas (CRUCH), institución que, como reza su website, agrupa a las 25 universidades más prestigiosas del país. Ahora, esta columna va a ir dirigida en critica hacia el concepto creado durante dictadura de las Universidades Tradicionales, en cuanto es inservible, discriminatorio y anacrónico para una Reforma Universitaria, algo que va ligado intrínsecamente con el CRUCH y su existencia.

Primero, hagamos una revisión histórica de este concepto. La Universidad Tradicional surge de la mano con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que es el organismo que reúne las universidades públicas y privadas tradicionales chilenas que fuesen anteriores a 1981 o que derivaran de ellas. Este fue creado en 1954 con el fin de administrar los fondos públicos de investigación y desarrollo, y ampliación de infraestructura, hasta que se creo la CONICYT en 1967. Luego de eso, el CRUCH pasa a tener entre sus funciones el coordinar las acciones de dichas universidades y representar sus intereses ante el Estado. Sólo las universidades que integran el Consejo tienen derecho a aportes fiscales directos (AFD) y sus alumnos tienen el sistema de credito preferencial del Fondo Solidario.

Por lo tanto, el Consejo (en temrinos economicos) es un cartel oligopolico que concentra los (pocos) recursos estatales que son entregados a las Universidades, defendiendo sus intereses directos sobre ellos. Tengan en cuenta que el Concejo no esta ingregrado solo por Universidades Estatales, sino que hay dentro de ella Universidades Filantropicas (como U de Concepcion o UFSM) y Universidades Catolicas (PUC, PUCV) que son privadas. El modo en que ingresaron a este grupo de financiamiento estatal es que se les considera “privadas pero con un rol publico importante para el pais, siendo Univesidades complejas” y que fueron creadas de forma previa a la Reforma de 1981 (criterio temporal), manteniendo en parte un trato preferencial luego de quitarle el financiamiento institucional que tuiveron durante gran parte del siglo XX. 
 
Durante los últimos 20 años se crearon y desarrollaron muchas Universidades Privadas¨que también llegaron a tener un rol publico importante para el pais. La Universidad Diego Portales generó la Reforma Procesal Penal, la Adolfo Ibañez esta presentando la Reforma al Código del Trabajo, otras como la Alberto Hurtado o la Academia han dado muestras de apertura y de apoyo notables, contraviniendo actitudes discriminatorias como las que desarrolla la PUC. ¿Como es posible que a unas se le entregue dinero estatal y a otras no? ¿Es justo esto, tanto para estudiantes como para las instituciones?.

Desde mi punto de vista, es aquí donde se ve lo anacrónico que es el Consejo: un montón de instituciones que tienen preferencia tan solo por haber sido creadas antes del 81'. Luego de la Reforma de ese año y con 20 años encima, es insostenible sin caer en juegos discriminatorios. Le damos dinero todos los chilenos a dogmas religiosos (con el riesgo que ello implica, junto con la ruptura del principio laico) o a fundaciones sin fines de lucro para que eduquen a los estudiantes. Para dejarlo en claro: mi ataque va hacia las Universidades Tradicionales Privadas, en ningún caso hacia las Universidades Estatales. Estas ultimas merecen y deben tener todo el apoyo institucional financiero que les permita funcionar de una manera decente y digna, como parte del Estado, teniendo la investigación y el desarrollo plenamente financiado de forma directa (sin fondos concursables).

Ahora, la ruptura del concepto de Universidad Tradicional pasa por una reforma estructural de la ESUP. Necesitamos romper las actuales instituciones para eliminarlo. La propuesta que he presentado es la de dividir, tal como en Brasil, en Universidades Estatales y Universidades Privadas, donde estas ultimas tengan una subdivisión entre Filantropicas, Pontificas y Privadas, con ciertos privilegios y regalías fiscales (exenciones tributarias, no pago de uso de suelo, fondos concursables, etc) pero nada de financiamiento directo. Que el dinero que gaste el Estado en Educación Superior en términos institucionales (que no es igual al financiamiento estudiantil) vaya preferentemente hacia sus Universidades. 
 
Ademas, hay que generar una instancia de participación donde todas las Universidades esten presentes para coordinar una política nacional publica sobre ESUP, de largo plazo, con objetivos, metas y fines claros. No puede ser que dejemos al libre albeldrio de cada dueño decidir esto, algo tan importante para el desarrollo de la comunidad nacional. En Perú existe la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) donde todas las instituciones de Educación Superior participan, algo así puede ser imitado.

Asi, es necesario para un nuevo sistema universitario de Educacion la muerte del concepto de U Tradicional, tanto porque es discriminario con los estudiantes de las diferentes casas de estudios (en financiamiento estudiantil), tanto porque es una forma de clasificar y estructurar a las Universidades de forma anacronica (con un criterio temporal erroneo), tanto porque seria inservible para los cambios que queremos todos para ESUP una institucion que actua como cartel oligopolico cerrado (sin incluir a las nuevas Ues que tambien cumplen un rol publico desde el mundo privado).


lunes, 17 de octubre de 2011

Es hora de Reformar la Educación Superior

Mov estudiantil chilena




En estos 5 meses de movilizaciones hemos presenciado el que el protagonismo de los futuros cambios que se harán en el sistema educativo chileno se lo llevara la Educación Superior, tanto a nivel universitario como técnico-profesional. Como parte de eso, esta columna intentara dar motivos para preocuparse de la posición de la Confech al apostar a un solo tema, la gratuidad, en la discusión con el Gobierno (motivo del quiebre de la mesa de dialogo).



Tenemos que tener en cuenta que la expansión vertiginosa de la educación superior detonó a su vez la explosión de graves problemas. Estos problemas son múltiples y tenemos que tomar la oportunidad que nos entrega las movilizaciones más largas desde la vuelta a la democracia para abordarlos de manera sistémica y no con parches o con leyes gatopardescas. Propuestas como el GANE y la ampliación de recursos para becas o préstamos en mejores condiciones, o las reprogramaciones para los del Fondo Solidario, son insuficiente, sólo tapan el sol con un dedo por un tiempo. Quien sabe si no se vendrá un nuevo aumento en los aranceles universitarios (nadie pone limites) que hasta ahora ha operado con total libertinaje de mercado.


Tenemos que darnos cuentas que hemos tenido uno de los sistemas más desregulados del planeta. De 4.700 carreras impartidas en alguna Facultad, sólo 700 cuentan con acreditación, en muchos casos dudosa. El mercado ha sido opaco y asimétrico para “clientes” desinformados. El mercado funciona bien en las carnicerías: si no me gusta la carne, al día siguiente voy a otra o la cambio. Si yo estudiante me demoro dos años en darme cuenta de la mala “calidad del producto”, no es trivial cambiarme de carrera o de universidad. Perdí dos años de vida y tengo deuda, y no exactamente una pequeña.


Tenemos los aranceles más altos del mundo
. Nosotros los estudiantes no sólo hemos estado pagando el costo de nuestra educación (la docencia), sino que también financiamos, en el caso de los alumnos de Universidades privadas, las expansiones inmobiliarias; y en el caso de los alumnos de las Universidades publicas, la investigación y desarrollo. Eso es un abuso. Si los privados quieren expandir sus sedes, este dinero debe provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, no del dinero de aranceles; y a la vez, cosas como la investigación y construcción académica deben provenir del Estado a través de mayores Fondecyt o AFD's.


Es hora de cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación. Si los CFT´s, IP's o Universidades, con o sin fines de lucro, público o privado, reciben recursos del Estado, créditos, becas o exenciones tributarias, deben tener un compromiso con la comunidad nacional. La transparencia debe ser un valor para todos, por lo tanto, el Estado tiene que obligar a todos a demostrar el valor de las carreras que ofrece, la calidad de la misma, adquirir compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, definir aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otras cosas externas transparentando la totalidad de sus fuentes de ingresos, sus egresos, y sus transacciones con eventuales “sociedades espejos”.


Adicionalmente,
hay que hacerle una transformación radical al sistema de acreditación, no sólo en sus criterios para calificar, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. No puede ser que el propio acreditado le pague al acreditador, eso no tiene ninguna lógica. También es bastante irracional que el Estado de becas y créditos a carreras de 3 años cuando estas ni siquiera están acreditadas seriamente y por al menos tres años.


Con todas estas condiciones, hoy por hoy es un absurdo obligar a los jóvenes a definir una carrera a los 18 años.
Las instituciones de Ed. Superior deben flexibilizar sus años iniciales para facilitar traspasos entre carreras, entre universidades, y entre niveles técnicos y universitarios. Parte del rol del Estado es prever que hay un grave riesgo para la económica y para la sociedad si se continúa expandiendo el mito de “universidad para todos”. Parte del proyecto-país es que tengamos un adecuado balance entre oficios, carreras técnicas, y profesionales, en las proporciones adecuadas, para que no suframos de los cesantes ilustrados o de sobrepoblación de profesionales. Es necesario reorientar el sistema de educación superior hacia la provisión de un sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que cierren la brecha salarial entre éstas y los títulos universitarios. Para esto es esencial y básico el tener la red estatal de IP´s y CFT´s gratuitos y de calidad. Por ahí pasa una mayor igualdad salarial y de oportunidades en el país.



Hay que eliminar al CRUCH. Desde el punto de vista institucional, un grupo que reúne a las 25 Universidades anteriores a la apertura de 1980 que controlan los pocos recursos estatales directos, no parece muy lógico. Cerrar los recursos estatales y ciertos privilegios a un grupo de universidades por criterio temporal no parece sano. El argumento de defensa al Cruch es que esta reúne tanto a Universidades privadas como estatales, pero que tienen sentido público. Pero en ese caso, Universidades privadas como la Diego Portales, Padre Hurtado o la Académica de Humanismo Cristiano, ¿no tienen sentido público? Para resolver esa duda, mejor destruir Consejo de Rectores, ya que parece más cartel oligopólico de los mínimos aportes basales, de créditos y becas que una institución sana y abierta.



Una propuesta de cambio es el sistema brasileño de Educación superior. Ellos clasifican a sus Universidades de acuerdo a si son Publicas o Privadas. Las primeras son las que pertenecen a alguno de los niveles estatales (federal, estadual o municipal), recibiendo gran parte del financiamiento desde el Estado. Las segundas se subdividen según si son con fines de lucro y sin fines de lucro, no teniendo ninguna de ellas nada de financiamiento directo por parte del Estado, pero si reciben dinero por becas y créditos. En las sin fines de lucro entran las Universidades Pontificias (como la PUC chilena), Filantrópicas (como la U de Concepción) y Comunitarias, teniendo el beneficio de exenciones tributarias, créditos blandos y uso de terrenos, y las otras, las con fines de lucro, no tienen ninguna clase de beneficio.

La legislación chilena ya contempla que las Universidades no tengan fines de lucro, por lo tanto, podemos armar un sistema universitario muy parecido al brasileño con gran éxito, ya que tendríamos una clara diferenciación entre lo público y lo privado, no teniendo esa aberración conceptual de Universidades Tradicionales. El financiamiento estudiantil seria para todos, ya que ninguna universidad tendría por fin el lucrar con los recursos, y el financiamiento institucional iría a las Universidades estatales a través de aportes basales, pudiendo enfocar mejor los recursos. Con esto no tendríamos por qué hacernos la pregunta de qué es el sentido público en las Universidades, ya que todos tendrían esa consideración.



Por último, el gobierno corporativo de las universidades pertenecientes al propio Estado debe reformularse. El Estado debe hacerse cargo de su fortalecimiento, y esto no pasa solamente con mayores recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas competir a las Universidades estatales con las privadas teniendo la maquinaria, lentitud y restricciones burocráticas propias del aparato estatal.


Una fórmula de gobierno corporativo para las Universidades podría ser el permitir razonables grados de democracia interna (o sea, participación de estudiantes, funcionarios y académicos)
en la toma de decisiones, con la participación del Estado, como dueño, en la vigilancia rigurosa del uso de los recursos y con capacidad de intervención de lo que ocurre en su interior (de forma restringida), para que se eviten posibles capturas institucionales por parte de profesores, alumnos o funcionarios. Check and balance entre los distintos actores. La introducción de algo parecido al Patronato de la UNAM (que vino junto con la gratuidad), donde personas no dependientes de la Universidad, vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, “aadministrando el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como los extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse” (entendiendo que la gratuidad en las Universidades Estatales se logre).


Como vemos, para poder aspirar a hacer bien y de una sola vez esta reforma en Educación Superior, debemos tener una nueva legislación integrada que aborde sistémicamente todos estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí, como el GANE. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto y
si fallamos esta vez, tendremos el germen para un nuevo alzamiento estudiantil en el futuro próximo, que esta vez, seria incontrolable.